En la agenda política de la discapacidad que promueve el CERMI, y ante el inicio de la Legislatura, la regulación y expansión de la asistencia personal será un asunto prioritario con el que el nuevo Gobierno debe comprometerse firmemente.

 

Para ello, la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, con el consenso del sector social de la discapacidad, como grupo de interés más directamente concernido, deben culminar el acuerdo de regulación de esta prestación en todos sus aspectos, incluidos las intensidades de atención y las cuantías, que deberán ser en todo caso dignas y suficientes.

 

Tras más de 13 años de vigencia de la Ley de Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, la prestación de asistencia personal, exigida por el artículo 19 de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ha tenido un desarrollo apenas perceptible, por la dejadez y falta de voluntad política de las Administraciones sociales, estatal y autonómicas.